Como un hito que “tiene un impacto bastante más general” que zanjar el conflicto entre Codelco y los subcontratados, calificó la directora del Trabajo, Patricia Silva, la resolución de la Corte Suprema en favor de la cuprífera estatal.
“Vamos a acatar el fallo y vamos a hacer los ajustes, revisar nuestros procedimientos para ver cómo vamos a seguir implementando y no despojar de contenido a las normas de protección a los trabajadores”, afirmó.
Silva destacó que la Corte Suprema “zanja de alguna manera un tema que estaba pendiente y que había sido disipar también por parte del propio Poder Judicial”, ante fallos que no reconocían facultades a la Dirección del Trabajo y otros que sí lo hacían.
Asimismo, enfatizó que, bajo el nuevo escenario, “cualquier conducta transgresora quedaría sin sanción, salvo que sea el propio trabajador quien lleve directamente este tema a los tribunales”.
Es por ello, dijo la ley de Subcontratación se ve afectada desde el hecho que la Dirección del Trabajo pueda denunciar y calificar casos de suministro ilegal.
Según Silva, la Corte con este fallo dice “ustedes no califican, los que deben calificar son los Tribunales”.
La Directora del Trabajo resaltó que falta un piso intermedio, porque el organismo no tiene facultades para poner a disposición de los Tribunales de Justicia a los infractores. Es por ello que “sólo quedan los trabajadores quienes, en el marco de un informe, pidan a los tribunales quién es el verdadero empleador”.
Patricia Silva dijo que su organismo tiene una buena evaluación de las fiscalizaciones de la Ley de Subcontratación en otros sectores y que en el caso de la minería, y particularmente en Codelco, se utilizaron los mismos criterios.
Ayer, la Sala Constitucional de la Corte Suprema dio a conocer un fallo que favorece a Codelco, al resolver que la firma estatal no está obligada a incorporar a aquellos trabajadores que cumplen labores bajo el régimen de subcontratación.
Asimismo, el máximo tribunal calificó de “ilegal” y “arbitrario” el dictamen de la Dirección del Trabajo, que ordenaba a la minera a pasar a planta un total de 4.934 trabajadores.
Ante el dictamen, dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), encabezados por Cristián Cuevas, iniciaron una huelga de hambre en protesta por la judicialización del conflicto con Codelco.
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