CompartePor Ricardo Solari *
Más allá de la desgraciada e injusta situación a la que se ha sometido a la ministra Provoste con su destitución definitiva y la sanción de no poder ocupar cargos en la administración pública ni de elección popular durante los próximos cinco años, lo ocurrido ayer en el Senado viene a configurar una nueva realidad político-institucional, marcada por un sostenido debilitamiento del poder presidencial y el correlativo aumento del poder parlamentario.
En efecto, la falta de peso jurídico de la acusación constitucional deja la impresión de que la motivación central ha sido esencialmente política: expresar la pérdida de confianza del Parlamento en un ministro de Estado, escenificar la existencia de una “nueva mayoría” y darle expresión concreta a la llamada “estrategia del desalojo”.
Lo anterior es esencialmente impropio, en la medida en que, en nuestro régimen presidencial, la confianza política, el nombramiento y ratificación de los ministros de Estado constituyen una prerrogativa exclusiva y excluyente del Presidente de la República. El uso esencialmente político y no jurídico del mecanismo de la acusación constitucional implica una injerencia en las atribuciones de la institución presidencial e introduce una distorsión no menor en nuestro régimen político.
Da la impresión de que, desde las últimas modificaciones constitucionales -que introdujeron la posibilidad de la interpelación a los ministros de Estado, la disminución del quórum para la formación de comisiones investigadoras y el acortamiento del período presidencial a cuatro años sin reelección-, se ha generado una serie de mecanismos e incentivos institucionales que han operado negativamente sobre la autoridad presidencial.
Si a ello sumamos el uso esencialmente político y más bien banal del mecanismo de la acusación constitucional, podemos concluir que estamos en presencia de un larvado proceso de transición hacia una nueva forma de régimen presidencial, y a un nuevo tipo de relación y equilibrio entre la Presidencia y el Parlamento.
Tampoco se puede minimizar el efecto que lo ocurrido ayer tenga sobre el ejercicio cotidiano del Ejecutivo, y del trabajo de ministros y autoridades que podrán sentirse tentados a retraerse y a minimizar sus agendas, ante la posibilidad de perder la confianza política de la actual mayoría parlamentaria.
Abrir y profundizar un debate sobre nuestro régimen político -sobre las características, limitaciones y rigideces de nuestro presidencialismo- resulta completamente legítimo, pero intentar cambiar de facto su naturaleza aprovechando mayorías circunstanciales (las que por lo demás aún no se han validado en las urnas) constituye una irresponsabilidad política que abre interrogantes sobre el futuro institucional del país, de proyecciones muy complejas y difíciles de prever en todo su alcance.
De nuestra experiencia histórica parecía que habíamos aprendido que con las instituciones no sólo no se juega, sino que es necesario cuidarlas y fortalecerlas. Lo ocurrido en el día de ayer deja la impresión de que se trata de una enseñanza no asumida en plenitud por el conjunto de nuestra clase política.
Es evidente que la reiteración de estas acusaciones -amenaza planteada por los líderes de la oposición- acelerará el debilitamiento del régimen político y a lo mejor la derecha consigue, por la vía de una mayoría transitoria y con una grave crisis mediante, aumentar sus posibilidades de gobernar. ¿Valdrá la pena? ¿Ganará Chile?
Ricardo Solari Saavedra:Realizó su enseñanza media en el Instituto Nacional. Estudió Ingeniería Comercial con mención en Economía en la Universidad de Chile y posteriormente se diplomo en la Programa de Formación de Investigadores de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Militante del Partido Socialista desde los 15 años, su primer cargo político fue como dirigente de la FESES en 1971-1972. Integra parte del Comité Central del Partido Socialista desde 1976, ejerciendo la vicepresidencia del partido entre 1994 y 2000. Participó activamente en la campaña del No y en la presidencial de Patricio Aylwin.
En 1990 fue nombrado Subsecretario de la Secretaría General de la Presidencia, desempeñando el cargo hasta 1994. Durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle fue director del Banco del Estado.
En marzo del 2000 asumió como Ministro del Trabajo y Previsión Social del presidente Ricardo Lagos. Durante su ministerio logró sacar adelante dos proyectos de ley emblemáticos para el gobierno, la Reforma Laboral y el Seguro de Cesantía, pero también debió encarara los malos resultados en la creación de nuevos puestos de empleo, mateniendose una cesantía alta aunque en disminución.
En abril de 2005 presentó su renuncia al ministerio para integrarse al comando presidencial de Michelle Bachelet. Fue una de las figuras claves en la primera vuelta, pero el mal resultado de Bachelet (45,96%, la votación presidencial más baja de la concertación) lo relegaron a un segundo plano en la segunda vuelta presidencial, siendo su rol ocupado principalmente por Andrés Zaldívar y Sergio Bitar.
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