La Presidenta de la República remitió un veto a la Cámara de Diputados a la ley aprobada por el Congreso que regula el lobby o “cabildeo”, nombre que recibe la actividad de representación y gestión de intereses privados ante organismos públicos.
El Ejecutivo solicita que el veto sea tramitado una vez que la Ley de Acceso a la Información Pública sea publicada en el Diario Oficial, por cuanto alude a un organismo, el Consejo para la Transparencia, creado por dicha norma.
Entre las actividades que el veto no considerará como lobby figuran las declaraciones o informaciones proporcionadas ante comisiones del Congreso sobre algún tema en particular, las que sin embargo deberán quedar registradas. También se incluye, entre quienes no pueden efectuar labores de lobby, a los funcionarios de confianza del Presidente de la República.
Además, las nuevas indicaciones establecen que los registros de lobbistas los llevará el Consejo para la Transparencia, institución próxima a crearse, y no el Ministerio de Justicia, como señala la ley que está a punto de publicarse.





